Años antes de la crisis en el gobierno de Cambiemos y con la pandemia como energizante los reclamos de empleadores la litigiosidad laboral e indemnizaciones se constituyen en un clásico. La Crisis Covid y la salida a la “nueva normalidad” con foco en empleo, producción y consumo vuelve a habilitar una avenida de reforma que anticipa un fuerte debate público
Con matriz austríaca y versión local adaptada, impulsan el proyecto Mochila Argentina, versión abreviada del Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) que ya tiene análisis de sectores empresarios, sindicatos y el Gobierno como también fuertes críticas de los abogados laboralistas.
BAE Negocios accedió al documento en análisis que, se espera, se transformará en uno de los principales debates en el proceso de recuperación de la pandemia.
El SGI apunta a que las empresas paguen un porcentaje por cada trabajador registrado. Ese fondo será administrado por la Anses, la Superintendencia de Seguros y una entidad de Control que garantice el pago de indemnizaciones en los casos de desvinculaciones.
Se abonarán entonces cuotas mensuales, actualizadas al último sueldo percibido en actividad, hasta conseguir un nuevo empleo.
“Las empresas que invertimos, lo hacemos con tecnologías de países con costos laborales mucho más altos para evitar emplear más que el mínimo necesario”, justifican en el texto de su presentación en sociedad que viene impulsando el empresario Teddy Karagozian.
No es la panacea
Según apuntaron dirigentes pymes a este diario el escenario actual incrementa el empleo estatal y por ende el gasto público, la posición del “empresariado dominante”, donde las pymes se apartan. Y aclaran que el proyecto “no es la solución a todos los males que los comprimen desde hace años” y que esperan medidas y acciones de la Casa Rosada al respecto.
Más allá de esas diferencias, que no alcanzan a concretar una “grieta”, quienes motorizan la iniciativa detallan que el SGI “aumentará el empleo privado, bajará impuestos, eliminará inflación y bajará la pobreza”.
Ante la presunción de que en realidad es una reforma laboral encubierta. como apuntan el sector de abogados laboralistas y sus entidades, consideran que por el contrario hay factores a favor de los trabajadores, porque no existirán “influencias negativas” en las dotaciones de personal con relación a las pugnas por percibir las indemnizaciones, las compañías no perderán fondos por el pago de esas compensaciones, ni gastos de instancias judiciales o extrajudiciales.
En esa dinámica consideran que habrá búsqueda de mejores trabajos, que las personas ingresarán y saldrán de las empresas “dándole movilidad y flexibilidad a la economía e incrementando capital social” acotando que esa realidad tendrá lugar sin restringir derechos laborales “harán valer sus capacidades y mejorarán su ingreso, asociando la educación a su aumento de bienestar económico”.
Divididos
Fuentes sindicales y empresarias detallaron a este diario que tanto “el albertismo”, como gremios de peso están al tanto del mismo y dispuestos a diálogo concreto sobre el mismo.
En los sindicatos que manifestaron predisposición a “dialogar por el aggiornamiento de convenios“, se incluye el capítulo SGI, sin dejar de mencionar que también algunos evalúan que “todavía está muy verde” esta alternativa. “La pandemia y la crisis que ya existía marcan la cancha”, asumieron.
La mensura incluye a los organismos oficiales que se citan en el esquema que plantean empresarios, como Anses, la cartera laboral y otros ministerios y dependencias.
Recibida sin ánimo de rechazo en despachos oficiales, no se descarta que el correr de las horas la iniciativa genere chispazos con sectores del kirchnerismo, como ya ocurrió al respecto de las diferencias que se establecieron en el criterio de la pauta salarial.
La calculadora
El monto del seguro será de 1% más el 8.33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total”. Consideran que ese sería un modo de premiar la relación duradera del empleo, y reduciría la rotación de personal con un máximo de 8.33% para no subir el costo a ninguna compañía, incluso las del sector de construcción.
Los impulsores del SGI consideran también que el trabajador que pierda o cambie su empleo se asegura el cobro del 100% que le corresponde, tiene acceso a tomar un descanso preservando su antigüedad y si cambia de ocupación lleva consigo sus años trabajados para ascensos o mejoras de sueldo. Ante un eventual concurso de acreedores o quiebra de la empleadora el trabajador no deberá aguardar la instancia judicial e incluso puede regresar a la compañía de donde se retiró.
En cuanto a las empresas estiman que las mismas no sufrirán “sangrías” por el pago de indemnizaciones, se reducirán costos de producción dinámica que se incrementará, conservando capitales para invertir. Detallan también la posibilidad de eliminar pasivos laborales, lo cual definirá la suba del valor de la compañía con posibilidad de abrir incentivos para la inversión.
“El crédito bancario posible al desaparecer el pasivo contingente significará un impulso adicional al crecimiento de la empresa que ya cuenta con más patrimonio”, realza el proyecto como beneficios para las compañías.
Fuente: baenegocios
