Cualquier emprendedor que quiera poner en marcha una pequeña empresa tiene que conseguir, antes que nada, un buen contador. Y si consigue uno con buena llegada al mundo financiero, mejor. Porque tener una buena idea, un buen producto, o apuntar a un mercado no desarrollado, son condiciones necesarias para poner en marcha un proyecto productivo. Pero la primera barrera que aparecerá hasta el punto de amenazar su continuidad, son los costos impositivos, financieros y laborales.
Un informe reciente de Ecolatina reseñó que la cantidad de pymes que habían dejado de operar desde 2018 se acercaba a 20.000, un fenómeno que en su momento había sido bautizado como “pymecidio” y ahora recibió una nueva denominación, a tono con los tiempos del Covid: “pymedemia”.
La administración de Mauricio Macri se había planteado ejecutar una reforma tributaria que disminuyera la presión global sobre las empresas, como una forma de estimular la inversión. Pero la crisis financiera y fiscal que sacudió sus dos últimos años de gestión frenaron sus beneficios.
Los economistas del gobierno de Alberto Fernández tomaron otro rumbo: optaron por aumentar la presión tributaria (con más énfasis en lo que deben pagar las personas) y aplicar alivios solo a aquellos sectores que se comprometieran a ejecutar planes concretos.
En la nueva visión oficial, la reforma de 2017 era innecesariamente generosa, causando pérdida de ingresos que las empresas no destinaban a inversión. Por eso se dio vuelta su lógica: el Estado retiene el poder de decidir qué sector puede resultar favorecido (estratégico o esencial, para usar otra denominación de actualidad). El resto tendrá que sobrevivir en el zoológico de la AFIP, a menos que decida esconderse en la selva de la informalidad.
Por fortuna, desde el equipo económico hoy se admite que los impuestos más no se pueden aumentar. Su respuesta no es bajar la carga sino la evasión: si hay un problema de presión, que al menos sea parejo para todos.
Fuente: cronista.com
